¿Ecológica y social o cara y peligrosa?

Justo un año después de la votación popular sobre seguridad alimentaria, el 23 de septiembre de 2018 el tema de la alimentación volverá al primer plano: ese día se someterán a votación dos iniciativas populares sobre la producción alimentaria.

La agricultura en el punto de mira: cosecha de patatas en Kerzers (cantón de Friburgo). Fotografía de Keystone

La política agrícola es uno de los ámbitos más controvertidos y sensibles de la política helvética, y no es raro que las demandas de los agricultores y los intereses macroeconómicos se contrapongan de manera inconciliable. Ahora, dos iniciativas populares presentadas por los partidos ecológicos y de izquierda vienen a enriquecer el ya cargadísimo debate sobre el futuro de la agricultura suiza. Ambas serán sometidas a votación el 23 de septiembre próximo.

Exactamente un año antes, el pueblo aprobó, con casi el 79 % de votos a favor, la contrapropuesta a una iniciativa popular de la Asociación Suiza de Agricultores. Desde entonces, los principios para la seguridad alimentaria figuran en la Constitución Federal. Sus puntos clave son: asegurar las bases de la producción, especialmente las tierras de cultivo, garantizar una producción alimentaria adaptada a las condiciones locales y eficiente en el uso de los recursos, así como una agricultura y una industria alimentaria orientadas al mercado. Además, se le pondrá freno al desperdicio de alimentos. La propuesta de entonces ya incluía las demandas de las dos iniciativas que se someten ahora a debate: fair food (alimentos equitativos) y soberanía alimentaria. Estas tres iniciativas tienen ciertos puntos en común. No prosperaron los llamamientos para que se retiraran las dos iniciativas pendientes.

Por una alimentación de calidad

Con la iniciativa popular Fair food “por unos alimentos saludables, producidos en condiciones ecológicas y equitativas”, los Verdes exigen normas ecológicas y sociales para los productos importados. Y es que, a tenor de los promotores de la iniciativa, los elevados estándares para la protección de los animales en Suiza no impiden que, a través de las importaciones, acaben en las estanterías de las tiendas carne y huevos procedentes de granjas industriales. Incluso en Europa suelen estar al orden del día unas “condiciones laborales escandalosas”. Debido a la liberalización comercial, la agricultura industrial ejerce presión sobre los precios en todo el mundo, lo que resulta difícilmente compatible con unos salarios dignos.

Por tanto, la iniciativa exige que la Confederación refuerce las condiciones marco para garantizar alimentos de calidad, asegurando que éstos se produzcan de forma respetuosa con el medio ambiente, los recursos naturales y los animales, en condiciones laborales dignas. Los productos agrícolas importados deberán cumplir estos requisitos. La Confederación favorecerá los productos importados procedentes del comercio equitativo; deberá establecer normas para la autorización de alimentos y piensos, así como para la declaración de sus métodos de producción y procesamiento. Además, la Confederación podrá incrementar los aranceles de importación. Por otro lado, se fomentará el procesamiento y la comercialización de alimentos regionales y estacionales, y se frenará el despilfarro de alimentos.

Como a menudo suele suceder, el Consejo Federal respalda estas demandas “en principio”, aunque considera que será problemático satisfacerlas: se precisarán controles nuevos, engorrosos y costosos, para verificar que los productos agrícolas importados cumplen efectivamente los requisitos de la iniciativa. Además, es probable que surjan conflictos de índole comercial. El referendo popular es sencillamente incompatible con las obligaciones de Suiza ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la UE, así como los Estados con los que existen tratados de libre comercio.

Una contrapropuesta del PS con escaso eco

El Parlamento comparte en amplia medida la opinión del Consejo Federal. Así, el portavoz de la comisión Hansjörg Walter, Consejero Nacional por la UDC del cantón de Turgovia, califica la iniciativa de inaplicable, debido al derecho internacional del comercio y a los excesivos controles que supondría. Por su parte, el Consejero Nacional bernés por el PBD, Heinz Siegenthaler, considera que una correcta declaración de los productos es más importante que los controles. Actualmente, los consumidores ya pueden comprar alimentos saludables y producidos de forma equitativa. En el caso de esta iniciativa, lo que está en juego es mucho más que la mera comida, opina la Consejera Nacional por el PLR, Regine Sauter, ya que el referendo popular podría poner en peligro numerosos puestos de trabajo, así como la atractividad de Suiza en materia económica. Por su parte, el Consejero Nacional de Zúrich por los Verdes, Bastien Girod, denuncia una incoherencia del sistema, ya que el mercado nacional está sujeto a elevados estándares de calidad, a diferencia de lo que ocurre con los alimentos importados.

En el Parlamento, los socialistas estaban divididos. La Consejera Nacional por el PS de Lucerna, Prisca Birrer-Heimoz, advirtió que, de aprobarse la iniciativa, podría incrementarse la presión sobre Suiza para que reduzca los estándares que aplica a los productos. Por si fuera poco, podrían aumentar los precios de los alimentos. A lo cual la diputada por el PS de Schaffhausen, Martina Munz, replicó que en todo el mundo sólo existen cuatro países que gastan menos en alimentos que Suiza, en relación con su poder adquisitivo. El representante del PS, oriundo de Basilea, Beat Jans, propuso una solución de compromiso: en lugar de prohibir la importación de determinados productos, sería preferible favorecer la importación de alimentos sostenibles, mediante aranceles más bajos. Sin embargo, esta contrapropuesta tuvo escaso eco en el Parlamento, tal como ocurrió con la propia iniciativa popular.

“Urge un cambio en la política agrícola”

También la segunda iniciativa se granjeó en el Parlamento muchas simpatías, aunque al final apenas contara con apoyo. El principal desencadenante de la iniciativa popular “En pro de la soberanía alimentaria”, presentada por el sindicato de agricultores Uniterre y respaldada por otras 70 organizaciones, es el malestar por los cambios estructurales en la agricultura: “De dos a tres explotaciones agrícolas echan el cierre a diario. En los últimos treinta años, los ingresos de los agricultores se han reducido en un 30 %, mientras que se han perdido unos 100 000 puestos de trabajo. Con la iniciativa en pro de la soberanía alimentaria, generaremos el cambio que urge en la política agraria”, alegan los promotores de la iniciativa.

El referendo pretende impulsar “una agricultura variada, campesina y sin ingeniería genética, respetuosa de los recursos naturales”. Los promotores de la iniciativa exigen “precios justos” y “salarios dignos” para los agricultores y los empleados agrícolas, así como “un comercio internacional equitativo” mediante la aplicación de aranceles reguladores. Asimismo, se proponen “fortalecer los ciclos cortos, con el fin de permitir y reavivar la producción regional”. Además, será preciso que la Confederación tome medidas eficaces para que “se incremente el número de personas que trabajan en la agricultura y se fomente la diversidad estructural”, reza el texto de la iniciativa.

En opinión del Consejo Federal, esta iniciativa contiene exigencias que ya se tienen en cuenta en la actual política agrícola, y otras que la contradicen. El gobierno rechaza “una mayor intervención estructural por parte del Estado, así como en los mecanismos de mercado”. El Consejero Nacional bernés por la UDC, Erich von Siebenthal, ve en esta iniciativa “una señal de emergencia”, debido a que los precios de los productos agrícolas han bajado en los últimos años, mientras que la presión sobre las explotaciones no ha dejado de aumentar. No obstante, todas las facciones parlamentarias, con excepción de los Verdes, expresaron su rechazo a la iniciativa. A modo de ejemplo, para la Presidenta del PLR, Petra Gössi, el referendo es sencillamente “retrógrado” y se encamina hacia el proteccionismo y la economía planificada.

La política agrícola oficial puesta a prueba

Sin embargo, en el Consejo Nacional el debate se centró menos en la iniciativa –de todos modos condenada al fracaso en el Parlamento– que en la política agrícola del Consejo Federal. Este había anunciado, el 1.o de noviembre de 2017, que apostaría por el libre comercio en la política agrícola a partir de 2022. Tales propuestas resultan incomprensibles, objetaron los representantes de la UDC, del PDC y de los partidos de izquierda, ya que el pueblo acababa de aprobar, en septiembre de 2017, el ya citado artículo constitucional sobre seguridad alimentaria, con lo cual demostró su voluntad de fortalecer la agricultura.

Aunque prácticamente todas las facciones parlamentarias, con excepción de los Verdes, rechazaron ambas iniciativas populares, la batalla electoral brindará la oportunidad de mantener un amplio debate sobre el tema de la agricultura en general. Al mismo tiempo, pondrá a prueba el sentir de la población ante la política agrícola de la Confederación.

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