La gran limpieza antes de las elecciones

El 14 de junio de 2015, el pueblo votará sobre cuatro temas completamente distintos: impuestos sucesorios, inseminación artificial, tasas de radio y televisión, y becas.

Es hora de hacer orden en la democracia directa antes de las elecciones federales del próximo otoño: ya el 14 de junio tiene lugar a nivel federal lo que probablemente vaya a ser el último referéndum popular de este año. Se suprimen las fechas habituales para las votaciones, es decir los meses de septiembre y noviembre (excepto en caso de urgencia), para no ejercer demasiada presión sobre las actividades políticas antes de las elecciones parlamentarias del 18 de octubre. A cambio hay un programa completo en junio: cuatro proyectos de ley a la vez, con un amplio abanico de temas, serán sometidos a la decisión del pueblo en las urnas. Entre ellos hay dos iniciativas populares con una carga emocional muy diversa: una de ellas aboga por reintroducir los impuestos sucesorios a nivel nacional; la otra, por unificar la concesión de becas. Otro de los temas a decidir es el tema éticamente complejo del diagnóstico genético preimplantacional. Y en el caso de la enmienda parcial de la Ley de Radiodifusión y Televisión se pretende cambiar el sistema de tasas.

Los herederos millonarios deberán pagar al fisco

En los últimos años se han sucedido los referendos populares sobre cuestiones de justicia social y redistribución. Recordemos, por ejemplo, la Iniciativa contra los desplumadores, la del salario mínimo y la 1:12, así como la Iniciativa en favor de suprimir los impuestos a tanto alzado. La Iniciativa “Impuestos sobre las herencias millonarias en beneficio de nuestro seguro AHV/AVS (Enmienda del impuesto de sucesión)” se enmarca en el mismo contexto. La propuesta lanzada por los partidos de izquierda, los verdes y el Partido Evangélico de Suiza quiere que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se aplique a nivel federal, y que dos tercios del dinero así recaudado se destinen al seguro AHV/AVS y un tercio a los cantones. Como compensación, los cantones no podrían ya cobrar por sí mismos estos impuestos. Casi todos los cantones tienen impuestos sucesorios, pero, casi en todas partes, los sucesores directos están exentos. Con la nueva regulación ya no sería así; sólo los cónyuges quedarían exentos. En el futuro se gravarían las sucesiones con un 20%, pero sólo a partir de los dos millones de francos.  

Ningún impuesto es tan justo como los sucesorios, porque las herencias son patrimonio no ganado por uno mismo, dicen los partidarios. Además, el Presidente del PS, Christian Levrat, señala que la concentración de patrimonio aumenta continuamente; actualmente, un 1% de la población de Suiza posee el 59% del patrimonio. Los detractores rechazan este argumento aduciendo que sería una injerencia en la soberanía financiera y fiscal de los cantones y perjudicaría a la economía, sobre todo porque podría dificultar o imposibilitar la sucesión en las empresas. Además, se gravarían los ingresos por triplicado, con un impuesto sobre la renta, otro sobre el patrimonio y otro sobre sucesiones. Sería una “lucha fiscal de clases”, opina Andrea Caroni, consejero nacional de Appenzell del PLR. Sin embargo su colega del Consejo, Susanne Leutenegger Oberholzer, del PS, opina lo contrario y habla de una “tendencia a la feudalización” de nuestra sociedad. 

Radio y Televisión: todos pagan

Hoy en día, quien quiera escuchar la radio o ver la televisión no necesita un aparato tradicional. También se puede escuchar o ver un programa en la computadora, en el  teléfono celular o en una tableta. Con la enmienda parcial de la Ley de Radiodifusión y Televisión se quiere introducir un cambio de sistema para adaptarlo a las transformaciones tecnológicas: en vez de cobrar tasas de recepción radiofónica y televisiva a los propietarios de dichos aparatos se quiere cobrar una tasa general que todos los hogares deberán abonar. También la pagarían las empresas con un volumen de negocios anual igual o superior a 500.000 francos. 

Las ventajas consisten en reducir la burocracia y las tasas, pues así ya no se podrá ver la televisión ni escuchar la radio sin pagar y ya no habrá que hacer controles exhaustivos. Y como las tasas se repartirían entre más hogares y empresas, de la cifra actual por hogar, 462 francos, se pasaría a unos 400 francos. De los aproximadamente 1.300 millones de francos anuales de tasas de radiodifusión y televisión, una gran parte se destina a la Sociedad de Radio-Televisión Suiza (RTS), pero de la enmienda se beneficiarían asimismo las cadenas privadas, que recibirían algo más, concretamente entre 4 y 6 % de la suma total.

El proyecto de ley desató en el Parlamento un amplio debate mediático. Entre los críticos más duros de la RTS y de las tasas estatales de recepción está la consejera nacional zuriquesa de la UDC Nathalie Rickli, que escribe en su página web: “Es un impuesto arbitrario, por el que, a partir de ahora, incluso los que no tengan un aparato de radio y/o televisión tendrán que pagar”. Y añade: “Efectivamente, el Internet y la era multimedial nos ofrecen tal variedad de medios como nunca tuvimos: cientos de cadenas de televisión y emisoras de radio, páginas web y ofertas de redes sociales. En realidad, todo esto debería haber bastado para cuestionar la oferta estatal en el sector mediático. Justamente porque hay tantas ofertas privadas ya no es necesario que la RTS tenga 18 emisoras de radio, siete canales de televisión y varias páginas web”.

Rickli apoyó también a la Asociación de Comerciantes de Suiza cuando ésta lanzó un referéndum. Para el Director de la Asociación, Hans-Ulrich Bigler, se trata de una “tasa impuesta” que para la economía supondrá una carga adicional de 200 millones de francos.

Un proyecto de ley éticamente complejo

El Ministro del Interior, Alain Berset, admite sin rodeos que el debate en torno al referéndum popular sobre el llamado diagnóstico genético preimplantacional (DGP) “no será fácil”. Sus dudas se apoyan en el hecho de que el Parlamento ha ampliado enormemente el proyecto de ley que el Consejo Federal presentó en su día. Básicamente se trata de que las parejas con antecedentes de malformaciones  genéticas, cuyos hijos podrían sufrir una grave enfermedad hereditaria puedan recurrir a la DGP. En la práctica esto significa que se pueda analizar los embriones en el marco de una inseminación artificial, para detectar la correspondiente enfermedad hereditaria, y a continuación utilizar en el proceso de reproducción asistida sólo los embriones no afectados. Se prevé prohibir el análisis de un embrión en busca de enfermedades que pueden surgir espontáneamente, como la trisomía 21.

Ahora, el Parlamento quiere ir mucho más allá y permitir análisis cromosómicos de todas las parejas que se sometan a una inseminación artificial. El proyecto de ley inicial habría permitido analizar unas cuantas docenas de casos al año, con la versión parlamentaria habría que contar con varios miles de casos al año. Con ello el número de detractores ha crecido sensiblemente. En todo caso, el proyecto de ley debe superar dos obstáculos: el 14 de junio el pueblo decidirá en las urnas si se aprueba una enmienda constitucional que, en principio, permitiría los tests con embriones. Gran parte del Parlamento está de acuerdo. Sólo después se votará sobre la ley considerablemente más controvertida que regula la aplicación concreta. Si el 14 de junio el pueblo dice sí a la enmienda constitucional, se iniciará el plazo para organizar un referéndum sobre la ley, lo que muy probablemente ocurrirá; el Partido Evangélico (PES) ya lo ha anunciado.

Unificar la concesión de becas

Quien necesite una beca para formarse en una escuela profesional superior, una escuela de Ciencias Aplicadas, una escuela técnica superior o una universidad debería tener las mismas oportunidades en todas partes. Hoy en día, todo depende del cantón. La Unión de Estudiantes de Suiza (UNES) lo encuentra “injusto”. Por eso reivindica mediante una iniciativa la unificación del sistema de concesión de becas para el sector terciario de la educación, y con ello un desplazamiento de la competencia legal de los cantones a la Confederación. Además, quieren que las contribuciones para formación concedidas durante la realización de una primera formación terciaria reconocida garanticen un nivel de vida mínimo. Opinan que la clara regulación del sistema de concesión de becas es asimismo una contribución a la lucha contra la falta de mano de obra especializada, corrobora la UNES.

Aunque el Consejo Federal y el Parlamento rechazan la iniciativa, comparten sus directrices. Y para disminuir la presión se enmendó totalmente la Ley sobre la Contribución a la Formación, en forma de una contrapropuesta indirecta. Y si bien el proyecto de ley ya ha sido aprobado por el Parlamento, no se votará ahora. Esta enmienda legislativa mantiene intacto el equilibrio de competencias entre la Confederación y los cantones, pero la Confederación apoya a los cantones en su intento de unificar la concesión de becas. En concreto, sólo los cantones que formen parte del concordato de becas recibirán contribuciones federales. En dicho concordato están estipulados, como la UNES lo exige, los principios y las normas mínimas por aplicar en toda Suiza.

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